Las Nuevas Refinanciaciones a partir del sábado 8 de marzo de 2014

En Junio de 2012, Oliver Wyman estimó que “el agujero de la Banca española” era de 62.000 millones de euros. Sin embargo – añadía – en un escenario adverso, las pérdidas pueden alcanzar los 270.000 millones de euros (25% PIB).

Esa diferencia de algo más de 200.000 millones, ha tenido que ser en buena parte provisionada por los Bancos en el año 2013 y proviene de las conocidas como “Refinanciaciones”.

En estos cinco años, la Banca española tiene unos 200.000 millones de euros “refinanciados” a – aproximadamente – 15.000 empresas.

Tras el saneamiento (la provisión) los Bancos están poco motivados para “refinanciar” nuevamente. Y por ello el Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto que ,en esencia, trata de hacer posibles las “refinanciaciones” que realmente sean viables.

¿Qué medidas contiene ese Real-Decreto de Refinanciación y Restructuración de la Deuda Comercial?

Previo: Este Real Decreto entra en vigor mañana sábado 8 de marzo de 2014 y opera incluso para aquellas empresas que actualmente se encuentran en un procedimiento del artículo 5 bis de la ley concursal.

1.- Se reforma el artículo 5bis (relativo al denominado pre-concurso) que – a diferencia del sistema anterior – contiene un escudo protector que comporta la paralización de ejecuciones si las mismas recaen sobre bienes necesarios para la continuidad de la actividad empresarial. Se permite no obstante el inicio de ejecuciones de garantías reales, aunque las mismas quedarán en suspenso durante la vigencia del artículo 5 bis de la Ley Concursal.

2.- Se garantiza que no serán rescindibles aquellos acuerdos de refinanciación que reúnan las siguientes condiciones:

a. Que se proceda a la ampliación del crédito disponible o a la modificación o extinción de obligaciones (mediante prorroga del plazo de vencimiento u otras), siempre que respondan a un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad.

 b. Que con anterioridad a la declaración del concurso:

b.1- El acuerdo haya sido suscrito por 3/5 del pasivo.

b.2- Contenga una certificado del auditor sobre la mayoría requerida.

b.3- Se otorgue en documento público.

 3.-  Tampoco serán rescindibles (resultando esta regulación “aplicable retroactivamente”, es decir, a actos realizados antes de la declaración del concurso), aquellos acuerdos de refinanciación que sin poder acogerse a los requisitos contenidos en el apartado 2 anterior, cumplan TODAS las siguientes condiciones:

  1.  Que incrementen la proporción de activo sobre pasivo previo (daciones en pago).
  2. Que el activo corriente resultante sea superior o igual al pasivo corriente.
  3. Que el valor de las garantías que se constituyan a favor de los acreedores intervinientes, sumado al de las garantías ya existentes, no exceda de los nueve décimos del valor de la deuda subsistente a favor de los mismos.
  4. Que el tipo de interés aplicable a la deuda subsistente o resultante del acuerdo de refinanciación a favor del o de los acreedores intervinientes no exceda en más de un tercio al aplicable a la deuda previa.
  5. Que el acuerdo haya sido formalizado en instrumento público.

 

4.- El  “Freshmoney” o “dinero nuevo” y el dinero aportado/prestado por socios (a excepción de las aportaciones realizadas vía ampliación de capital)  es  100% crédito contra la masa (antes lo era el 50% y exclusivamente respecto de terceros no vinculados al deudor, cuyas nuevas aportaciones eran crédito subordinado).

5.- La Banca no verá subordinados sus créditos si capitaliza sus préstamos dentro de la Compañía.

6. Hasta ahora las refinanciaciones estaban protegidas “sólo” si se homologaban judicialmente por un experto independiente. Ese sistema fracasó sin que prácticamente se produjera una sola refinanciación con homologación judicial.

Ahora, se aligeran los requisitos de esa homologación judicial, bastando con que el acuerdo de refinanciación haya sido suscrito por el 51% del pasivo financiero, siempre que, al momento de la adopción del acuerdo, se cumplan los requisitos ya señalados en el anterior apartado 2 a) y b) (subapartados b.2 y b.3).

En caso de préstamos sindicados, se entenderá que los acreedores prestamistas suscriben el acuerdo de refinanciación cuando voten a su favor los que representen, al menos, el 80 por ciento del pasivo representado por el préstamo, salvo que las normas que regulan la sindicación establezcan una mayoría inferior, en cuyo caso será de aplicación esta última.

7.- Arrastre en la refinanciación: Los acreedores financieros que no dispongan de garantía real y no hayan suscrito el acuerdo de refinanciación o hayan votado en contra del mismo, cuando dicho acuerdo cumpla con los requisitos antes enumerados para su homologación, se verán arrastrados por el mismo en los siguientes supuestos y términos:

a. Si dicho acuerdo ha sido suscrito por el 60% del pasivo financiero les resultarán aplicables las esperas (siempre que no sean superiores a cinco años) o la conversión de deuda en préstamo participativo.

b. Si dicho acuerdo ha sido suscrito por el 75% del pasivo financiero les resultarán aplicables las esperas (siempre que no sean superiores a diez años), las quitas y la conversión de créditos en acciones y la conversión de deuda en préstamos participativos por plazo superior a 5 años.

En ejecución del acuerdo de refinanciación homologado, el juez podrá cancelar los embargos que se hubiesen practicado en los procedimientos de ejecución de deudas afectadas por la refinanciación.

8.- Será culpable y responsable del déficit patrimonial  el socio (sólo el socio que hubiere votado en contra) que se hubiese negado o hubiese entorpecido la capitalización de un crédito, o quien se negare a facilitar información que permita esa capitalización.

9.- Se habilita al Banco de España para que, en el plazo de un mes, modifique la normativa sobre análisis y cobertura de riesgos aplicables a los Bancos. El riesgo se considerará como riesgo normal respecto de aquellas refinanciaciones homologadas conforme a la Ley Concursal tras esta última reforma y hayan pasado 3 meses desde la publicación de la homologación en el BOE sin que se haya producido incumplimiento.

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