Novedades legales de máximo interés para las sociedades anónimas y limitadas

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Desde el reforzamiento del papel de la Junta General de Accionistas a la nueva regulación del régimen de responsabilidad de los administradores.

El pasado 4 de diciembre fue publicada la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital, con entrada en vigor hace escasísimas fechas, el 24 de diciembre de 2014.

Este comunicado tiene por objeto destacar las principales novedades aplicables a las sociedades no cotizadas, algunas de las cuales deben tenerse en consideración con rigor porque modifican sustancialmente la regulación existente hasta la fecha.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

La Junta General de Accionistas refuerza su carácter soberano y gana peso en la toma de decisiones.

(i) Se permite a la junta impartir instrucciones de gestión salvo disposición contraria de los estatutos.

(ii) Se atribuye a la Junta la decisión sobre operaciones en las que el volumen supere el 25% del total de activos del balance – “operaciones esenciales”-.

(iii) Se deberán votar separadamente, aunque figuren en el mismo punto del orden del día, las propuestas de acuerdo para aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes, tales como el nombramiento, la reelección o la separación de administradores, las modificaciones estatutarias, y aquellos asuntos en los que así se disponga en los estatutos de la sociedad.

(iv) Se regula con mucho más detalle las situaciones de conflicto de interés. Así, se extiende a todas las sociedades la prohibición de voto del socio que resulte beneficiado en casos muy claros de conflicto de interés, tales como:

– autorizarle a transmitir acciones o participaciones sujetas a una restricción legal o estatutaria,

– excluirle de la sociedad,

– liberarle de una obligación o concederle un derecho,

– facilitarle cualquier tipo de asistencia financiera, incluida la prestación de garantías a su favor o

– dispensarle de las obligaciones derivadas del deber de lealtad conforme a lo previsto en el artículo 230.

(v) En lo que respecta al derecho de información del socio, la reforma instaura, como principal novedad, que cuando los accionistas, durante la celebración de la Junta General, soliciten  verbalmente información o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y dicho derecho resulte vulnerado, sólo les facultará para exigir el cumplimiento de la obligación de la información y los daños y perjuicios que se hayan podido causar, pero esta vulneración no será causa de impugnación de la junta.

(vi) En materia de impugnación de acuerdos sociales, las novedades son relevantes:

  • Se incorpora la posibilidad de impugnar aquellos acuerdos que se adopten de forma abusiva por parte de la mayoría en interés propio y en perjuicio injustificado del resto de socios.
  • Se elimina la posibilidad de impugnar acuerdos sociales por infracción de determinadas formalidades y requisitos meramente procedimentales.
  • Desaparece la distinción entre acuerdos nulos (infracción de un precepto legal) y anulables (otras infracciones), sustituyéndose por acuerdos impugnables.
  • Unificación del plazo de impugnación: 1 año.
  • En cuanto a la legitimación, se exige al menos el 1% del capital para poder ejercer la acción de impugnación.

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

(i) Se regulan con mayor detalle los deberes de diligencia y lealtad de los administradores.

Así, cualquier infracción del deber de lealtad determinará la obligación de indemnizar el daño causado al patrimonio social, y la restitución a la sociedad del enriquecimiento injusto  btenido. Además, en el supuesto de producirse un incumplimiento por parte de los administradores de sus deberes, los socios de la compañía con una participación mínima del 5% podrán iniciar una acción social de responsabilidad contra dichos administradores sin necesidad de someter la decisión a la junta general.

(ii) Se incluye una lista concreta de actuaciones que debe abstenerse de acometer el administrador para evitar situaciones de conflicto de interés, tales como realizar transacciones con la sociedad, excepto que se trate de operaciones ordinarias, hechas en condiciones estándar para los clientes y de escasa relevancia, entendiendo por tales aquéllas cuya información no sea necesaria para expresar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad; utilizar el nombre de la sociedad o invocar su condición de administrador para influir indebidamente en la realización de operaciones privadas; hacer uso de los activos sociales, incluida la información confidencial de la compañía, con fines privados; aprovecharse de las oportunidades de negocio de la sociedad; obtener ventajas o remuneraciones de terceros distintos de la sociedad y su grupo asociadas al desempeño de su cargo, salvo que se trate de atenciones de mera cortesía; desarrollar actividades por cuenta propia o cuenta ajena que entrañen una competencia efectiva, sea actual o potencial, con la sociedad o que, de cualquier otro modo, le sitúen en un conflicto permanente con los intereses de la sociedad.

(iii) El consejo de administración deberá reunirse, al menos, una vez al trimestre, con la finalidad de evitar la presencia de consejeros ajenos a la actividad diaria de la compañía que puedan hacer uso de dicha justificación para exonerarse de responsabilidad. En este sentido, se exige que los consejeros deberán asistir personalmente a las sesiones del consejo.

(iv) Se amplían las facultades indelegables del Consejo de Administración, con el fin de garantizarle las decisiones correspondientes a la gestión y supervisión de la sociedad.

(v) Como novedad que llama poderosamente la atención, la ley establece la necesidad de que la remuneración de los administradores guarde una proporción razonable con la relevancia de la compañía y la situación económica de la misma, y con las funciones y responsabilidades que les sean atribuidas. El sistema de remuneración deberá estar orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad de la empresa en el largo plazo.

(vi) Se instaura la necesidad de un contrato de administración societario.

Por último, y no por ello menos importante y destacable, como medida disuasoria de los retrasos que se están produciendo en el abono de facturas en el ámbito privado, se obliga a publicar en la memoria de las cuentas anuales el periodo medio de pago a los proveedores. Las sociedades que no sean cotizadas y no presenten cuentas anuales abreviadas publicarán además esta información en su página web, si la tienen.

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